La crisis de integridad derivada de los casos de corrupción, que muchas veces contagian a las sociedades públicas o mixtas, aconseja desarrollar estructuras éticas y de integridad. Las irregularidades en procesos de contratación pública, la existencia de “puertas giratorias”, el “despilfarro” del dinero público, la represalias a los alertadores, los conflictos de interés, entre otros factores, provocan la necesidad urgente e imperiosa de adoptar una cultura ética enfocada a la prevención, a la concienciación y a la mejora del gobierno corporativo del sector público La obra integra varios Capítulos vinculados a materias de actualidad como la aplicación del compliance dentro del procedimiento administrativo, la transparencia y el buen gobierno, como herramienta para garantizar la ética y la integridad, la contratación pública, intervención económica y fiscalización del gasto público, la concesión de subvenciones, la protección de datos personales, el urbanismo y las políticas de vivienda o su integración con el Derecho de la Competencia.

Autores del libro: Silvia Subirana de la Cruz, Responsable Unidad de Contratación y Servicios Jurídicos Administración Local y abogada especialista en Compliance Sector Público de Fortuny Legal y Miquel Fortuny Cendra, abogado experto en Compliance y derecho penal corporativo. 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

 

Sinopsis

La obra aborda, desde un plano práctico, la vertiente penal y administrativa del compliance aplicable al sector público. Se analizan los principales riesgos de cumplimento asociados a la actividad administrativa, así como sus principales herramientas de gestión.

  • Se aterriza el compliance a la realidad del sector público.
  • Se analizan los procesos y actividades que actualmente gozan de mayor relevancia para el cumplimiento normativo público.
  • Se evalúan las herramientas y estándares de gestión que coadyuvan al desarrollo del compliance en el sector público de manera eficaz.

Destinatarios

Funcionarios públicos, abogados, cargos electos, autoridades, compliance officer y operadores jurídicos en general.

 

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