El pasado 6 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el II Plan Nacional de Derechos Humanos, un plan que no pretende ser un plan de legislatura, sino un “esfuerzo colectivo para mejorar y aumentar la garantía y la eficacia de los derechos y libertades públicas” y que, con el objetivo de conseguirlo, tendrá una vigencia de cinco años (2023-2027).
El Gobierno crea y se compromete a garantizar nuevos derechos, especialmente en relación con el medio ambiente, la innovación tecnológica y la participación ciudadana; y pone el foco en aquellas actuaciones que impiden el disfrute real y efectivo de los derechos humanos ya existentes.
Como no podría ser de otra manera, el Plan se compromete a garantizar varias actuaciones que tienen un impacto directo en el Compliance Penal ya que, sin duda alguna, cada vez es más notoria la intención del legislador de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas mediante el fenómeno del cumplimiento normativo.
En primer lugar, el Gobierno español apoya la adopción de una directiva comunitaria sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, y se compromete a aprobar un Proyecto de Ley sobre protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la diligencia debida.
Asimismo, sin especificar de qué manera, pero se compromete a desarrollar la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuestión muy importante en relación con el Compliance pues han surgido y siguen surgiendo dudas sobre la ley, que serán, finalmente, resueltas mediante dicho desarrollo.
Por último, España se compromete a elaborar una ley integral relacionada con la trata de seres humanos, así como a reformar el Código Penal y tipificar delitos como la esclavitud, el trabajo forzoso y la servidumbre, y ampliar el alcance de los delitos relacionados con la prostitución.
Si bien aún no se ha definido el calendario de las previsiones sobre cuándo debe estar implantado cada compromiso, estaremos atentos, pues España se ha comprometido a muchas actuaciones en un margen de cinco años y algunas de ellas pueden generar un impacto importante en materia de cumplimiento normativo.
Artículo redactado por el Departamento de Compliance de Fortuny Legal.
