Con la aprobación de la Ley 2/2023 hace algo más de un año se previó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un ente de derecho público y de ámbito estatal independiente que debía velar por la defensa de aquellos quienes denunciaran infracciones cometidas en el seno de organizaciones privadas o públicas a través de los canales de denuncia, así como contribuir en el fortalecimiento de una cultura de la información como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.
Sin embargo, y pese a que la propia Ley en su Disposición final undécima recogía el plazo de un año para la aprobación de su Estatuto, la realidad es que no ha sido hasta el pasado 5 de mayo cuando se ha presentado el Estatuto que regulará la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en forma de proyecto de Real Decreto.
Desde dicha fecha y hasta el próximo día 21 cualquier ciudadano que tenga interés e iniciativa podrá aportar sus ideas y opiniones sobre el documento. El 21 de mayo terminarán los trámites pertinentes y se someterá la propuesta a la Comisión General de secretarios de Estado y Subsecretarios, elevándose después al Consejo de ministros para su aprobación.
Este proceso no tiene un plazo fijo, pero teniendo en consideración actuaciones precedentes en otras materias, es probable que la aprobación definitiva se dilate hasta el tercer o cuarto trimestre del año.
En el Proyecto de Estatuto que ha puesto a disposición el Ministerio de Justicia se puede observar a grandes trazos como será el contenido del Estatuto, entre lo que destaca la delimitación de las funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante cuando los hechos estén siendo perseguidos judicialmente o por parte de la fiscalía, debiendo suspender sus actuaciones al tener conocimiento de ello, ya que no puede realizar funciones propias del juez, Ministerio Fiscal o la policía judicial.
También se indica su estructura y las funciones de cada sujeto que formará parte de la institución. Cabe destacar que, según recoge la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la estimación del coste de su implementación será de 4.628.984,57€, de los cuales 2.324.984,57€ serán destinados a gastos de personal, repartidos entre una plantilla formada por solo 41 empleados y un presidente, que serán los encargados de velar por la protección de todos los informantes a nivel estatal.
Compartimos a continuación el Proyecto de Estatuto, el cual promete dar un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción y en la defensa de aquellos quienes denuncien dichos comportamientos:
https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/Documents/11.1%20RD%20Estatuto%20AIPI%2020240424.pdf
