El incremento de empresas que adoptan programas de cumplimiento penal y la progresiva judicialización de incidentes de compliance penal en España, hace indispensable que las empresas puedan conocer los criterios orientativos que usaran comúnmente jueces y tribunales, más allá del conocido estándar UNE 19601, para determinar procesalmente la eficacia de dichos programas. De esta forma, las empresas podrían racionalizar y priorizar los recursos de manera eficiente en esta materia y, a su vez, ganarían en seguridad jurídica. En esta línea, el presente artículo pretende analizar de manera sucinta los diversos criterios de eficacia extraídos de la reciente guía publicada por el DOJ americano para la evaluación de la eficacia de programas de cumplimiento corporativo. El objetivo es analizar los aspectos más relevantes de esta guía, contrastándola con otros marcos o guías análogos, en aras a establecer puntos de conexión entre los criterios fijados en todas ellas.
Para continuar leyendo el artículo de Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal, para la revista La Ley Compliance Penal, haz clic aquí.
