Investigaciones internas

as investigaciones internas son una herramienta muy importante en la nueva era del compliance, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de los informantes, que regula la puesta en marcha de canales internos de denuncia en las organizaciones públicas y privadas. Las investigaciones internas tienen por objeto el esclarecimiento de los hechos por parte de la propia organización, con el fin de dotarla de elementos a partir de los cuales estructurar cualquier estrategia de defensa penal corporativa, o detectar las irregularidades cometidas y adoptar medidas correctoras.

Pueden conducir a la apreciación de una atenuante de colaboración en una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica, reconocida por el Código Penal en su artículo 31 quáter y contemplada por la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre evaluación de la eficacia de los modelos de prevención de la comisión de infracciones penales. También se hace referencia a las investigaciones internas, entre otras normas, en la ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301), la UNE-ISO 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal y la ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno.

La función esencial de las investigaciones internas no es otra que establecer la realidad fáctica de los hechos investigados, permitiendo una mejor y más informada toma de decisiones por parte de la propia organización. Sin embargo, lo que a primera vista puede parecer relativamente sencillo, tiene complejas cuestiones legales, que van desde la protección de datos hasta la confidencialidad y la prescripción, entre otras muchas, que requieren un abordaje experto.

En Fortuny Legal gestionamos y llevamos a cabo procesos de investigación interna en cualquier organización, ya sea pública o privada. Desarrollamos los protocolos de actuación y llevamos a cabo el proceso de investigación, poniendo especial énfasis en el respeto a los derechos fundamentales implicados, la obtención legal de pruebas, la cadena de custodia y el uso de tecnología forense. Todo ello desde la independencia y objetividad que confiere la profesión de abogado, y en el marco de la valoración preprocesal de la persona jurídica y su incidencia en el ámbito del secreto profesional.